Artículo de David Tuesta. "(...) Entre 2019 y 2024 el Estado ejecutó más de S/100 mil millones. ¿Resultado? Las brechas estructurales no solo no se cerraron, algunas empeoraron. Los colegios públicos con acceso simultáneo a agua, electricidad y saneamiento bajaron de 30.8% a 29.4%. La red vial pavimentada subió apenas de 17% a 18.3%. En salud, solo el 3% de los establecimientos tienen capacidad instalada adecuada, igual que en 2020. En saneamiento, el acceso al alcantarillado cayó de 73% a 71.4%. Literalmente, se han tirado a la basura más del 10% del PBI...".
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Portabilidad en telefonía móvil registra crecimiento
La portabilidad numérica en telefonía móvil alcanzó las 595,480 líneas en mayo de este año, lo cual implicó un crecimiento de 13.1% respecto a lo registrado en igual mes del 2024, informó el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
La OCDE apoya al Perú en la digitalización de trámites
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) confirmó que uno de sus equipos en el Perú está enfocado en la digitalización de trámites, una iniciativa clave para impulsar la formalización de las microempresas (mypes) en el país, sostuvo el director del centro de esa entidad para América Latina y el Caribe, Mario López Roldán. De acuerdo con el organismo internacional, esta labor no solo beneficiará directamente a las pequeñas unidades productivas, sino que también representa un avance significativo para el Perú en su proceso de adhesión a la OCDE.
Ejecutivo publica la Ley de Vivienda de Interés Social
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Vivienda de Interés Social (VIS), N° 32379, aprobada previamente por el Congreso de la República. Esta nueva legislación establece el marco legal para regular y promover el acceso a viviendas dignas en el país. La medida busca garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada y segura, priorizando la atención a ciudadanos en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad social. La normativa define a la VIS como aquella promovida por el Estado con el objetivo principal de reducir tanto el déficit habitacional cualitativo como cuantitativo en el Perú.
MEF prevé que el PBI crecería 3.5% este año
Es posible que el producto bruto interno (PBI) del país pueda lograr un crecimiento del 3.5% este año, con el impulso proveniente del sector exportador, consideró el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez-Reyes. “La pesca y otras actividades agroindustriales y, sobre todo, exportadoras jugarán un rol”, recalcó. Esta semana, el Banco Mundial (BM)elevó la proyección de crecimiento de la economía peruana de 2.5% a 2.9% para el presente año, en contraste con la desaceleración de la actividad económica global.
El Peruano, Economía, 11
Intensifican lucha contra la minería ilegal
El Gobierno nacional redobla esfuerzos para erradicar la minería ilegal. En ese contexto, desde el 1° de enero al 31 de mayo de este año se han ejecutado 422 operativos de interdicción a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en las regiones del país. “La minería ilegal y el crimen organizado ligado a esa actividad ilícita representan un problema grave porque atentan contra la seguridad y la tranquilidad de la población, dificultan las actividades económicas formales y afectan el medioambiente y la economía nacional. Por eso, el Ejecutivo está decidido a ponerles punto final y despliega múltiples acciones en ese sentido”, señaló el jefe del Gabinete, Eduardo Arana.
Expondrán política general del Gobierno
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se presenta hoy ante el pleno del Congreso para exponer la política general del Gobierno y solicitar la cuestión de confianza, conforme a lo establecido en la Constitución Política. La presentación del titular de la PCM y su gabinete está programada para las 9:00 horas. Después de su exposición, los congresistas debatirán, para finalmente votar. De este modo se dará cumplimiento a lo señalado en el artículo 130 de la Constitución Policía y el artículo 82 del Reglamento del Congreso. Días antes, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) subrayó que los ejes del Ejecutivo son claros: reforzar la seguridad ciudadana, asegurar una economía estable para el próximo gobierno y mantener una posición de neutralidad política durante las Elecciones Generales del 2026.
Respaldo al Tratado de Alta Mar
Exministros y exviceministros de Relaciones Exteriores precisaron que el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las jurisdicciones nacionales, también conocido como Tratado de Alta Mar, no afecta la soberanía del Perú ni tiene vinculación jurídica con la Convención del Mar. En una declaración, los exfuncionarios señalaron que es un “contrasentido” afirmar que dicho acuerdo afectanuestra soberanía, pues su mismo título hace referencia al mar que se encuentra más allá de las 200 millas. “El tratado firmado, tal como lo indica su título, se refiere al mar situado más allá de las 200 millas, es decir, a la alta mar, en la cual ningún país ejerce soberanía. Por consiguiente, es un contrasentido sostener que la soberanía del Perú esté afectada por un tratado referido a una zona marítima en la cual no existe soberanía peruana” señala el pronunciamiento en su primer punto.
El Peruano, Política, 4
Unidad contra el crimen en Pataz
En los últimos años, la provincia de Pataz, en la región La Libertad, se ha convertido en uno de los epicentros más críticos del país en materia de inseguridad. La presencia de minería ilegal, el avance de redes criminales organizadas y la violencia armada han generado una situación de alta convulsión social que ha puesto en riesgo no solo la paz local, sino también la autoridad del Estado y la vida de los ciudadanos. Ante este escenario, el reciente encuentro entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las rondas campesinas de la zona representa un paso firme y necesario hacia la recuperación del orden y la tranquilidad de la población. La reunión realizada en el estadio del centro poblado de Pueblo Nuevo –en el marco de una marcha pacífica contra la inseguridad– simboliza más que un gesto político: es la expresión concreta de una estrategia de sinergia interinstitucional y comunitaria para enfrentar un problema que trasciende lo policial.
Soplar la pluma
Dos días atrás, este Diario publicó un informe que alertó sobre una situación alarmante en relación con los buses de AeroDirecto, que transportan diariamente a miles de pasajeros al nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Tales buses, reveló el informe, acumulan más de S/46 mil en papeletas por infracciones de tránsito y transporte, lo que evidencia una falta de rigor en el filtro por el que estas unidades debieron pasar antes de ser asignadas a ese servicio. Una falta de rigor que compromete tanto la seguridad vial como la imagen del país, ya que el terminal aéreo en cuestión es la más importante puerta de entrada a nuestro territorio. Se trata, además, de un incordio que viene a sumarse a los muchos otros –caos en el abastecimiento de combustible, confusión en la entrega de maletas, poca orientación a los pasajeros, etc.– que se han presentado durante estos primeros días de funcionamiento del aeropuerto.
Cobre informal
El Gobierno ha reconocido la existencia de minería informal de cobre a gran escala. Lo ha hecho casi como quien se ve obligado a aceptar lo evidente, mientras la minería ilegal del oro se consolida con violencia y muerte. La pregunta que se impone es urgente: ¿existe algún plan serio, inteligente o mínimamente coherente para enfrentar esta amenaza? ¿O vamos a esperar –como con el oro– a que la situación sea ya completamente incontrolable?. No estamos ante un fenómeno nuevo. La minería ilegal del oro ha desbordado hace tiempo las capacidades del Estado, como se ha visto en Madre de Dios o La Libertad. En Pataz, el asesinato de trabajadores mineros a manos de bandas criminales no solo ha sido brutal, sino también sintomático: el Estado no solo no controla, sino que muchas veces da la impresión de que ni siquiera entiende lo que sucede.
Gestión, Editorial, 4
La verdad bajo anestesia general
La carta notarial enviada por el médico Mario Cabani a la presidenta Dina Boluarte ha remecido el ya frágil escenario político nacional. El documento no solo desmiente la versión oficial sobre una supuesta cirugía por motivos de salud realizada en 2023, sino que lanza acusaciones graves que comprometen directamente la integridad de la mandataria: la extracción irregular de su historia clínica y aún más delicado, la posibilidad de que su firma haya sido falsificada en documentos oficiales mientras ella se encontraba en recuperación.
Por una nariz
Después de una serie de bufonescas idas y venidas, negativas tembleques y penosas explicaciones, la verdad de este sainete –que podría haber salido de las plumas de Felipe Pardo y Aliaga o Leonidas Yerovi– terminó por salir a flote.Y es que, aunque parezca mentira, materias tan febles como la de este episodio nasal no son de aquellas que se hunden tan fácilmente en el olvido de la gente. Lo que agrandó y empeoró las cosas –que, por cierto, tampoco eran para tanto– fue la pertinacia presidencial de negar una y otra vez lo que era rotundamente evidente.Una enérgica carta notarial enviada por el médico Mario Cabani a la presidenta Dina Boluarte despejó de un porrazo las dudas –si es que estas pudieran haber existido– sobre la naturaleza de la intervención quirúrgica a que se sometió la jefa de Estado en junio de 2023.
Perú 21, Editorial, 4
En defensa de las infancias
Hoy como cada 12 de junio, el mundo alza la voz contra el trabajo infantil. Y lamentablemente, en el Perú, este abuso aún no ha desaparecido. El sociólogo peruano Carlos Eduardo Aramburú reflexiona que los peruanos se han “acostumbrado, a fuerza de encuentros cotidianos, a aceptar el trabajo infantil como algo ‘normal’”. Y las cifras no son alentadoras. Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) arrojan que alrededor de 25,8% del universo total de niños y adolescentes en el Perú es obligado a trabajar. Esto quiere decir que aproximadamente 1,2 millones de ellos, de entre los 5 y 17 años, son impedidos de sus derechos, los cuales deberían ser inalienables.
