Vivienda, Construcción y Saneamiento - RESOLUCION VICE MINISTERIAL N° 011-2025-VIVIENDA/VMCS
Designan Director Titular y Director Suplente ante el Directorio de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Quillabamba Sociedad Anónima - EPS EMAQ S.A. propuestos por el Gobierno Regional de Cusco.
Vivienda, Construcción y Saneamiento - RESOLUCION MINISTERIAL N° 0104-2025-VIVIENDA
Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva.
Perú generador de cooperación internacional
Al hablar de Cooperación Técnica Internacional (CTI), el primer concepto que se asocia es el de colaboración. La CTI se da mediante el intercambio de conocimientos, capacidades, soluciones innovadoras sobre la base de experiencias exitosas nacionales para abordar desafíos comunes con otros países. Bajo este concepto, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, orienta y articula la oferta y demanda de la CTI en los distintos sectores y niveles de gobierno (nacional, regional y local), en permanente diálogo y coordinación con las instituciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado como actores del desarrollo. El Catálogo de la Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional 2025- 2026 consolida el esfuerzo conjunto de 28 instituciones nacionales que ofrecen 50 experiencias exitosas en Cambio climático, Bosques y biodiversidad (12); Agua, saneamiento y recursos hídricos (3); Gestión del riesgo de desastres (2); Ciudades sostenibles y transporte (9).
El Peruano, Central, 8-9
Indecopi decide que no hay competencia en Chancay y Ositrán regularía sus tarifas
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) determinó este jueves que no existirían condiciones de competencia en la prestación de los servicios que ofrece el puerto de Chancay, en relación con los que presta el puerto del Callao (a través de sus respectivos operadores APM Terminals y DPW-Callao). Tal pronunciamiento lo emitió, atendiendo a una solicitud que la había presentado meses atrás el Ositrán para determinar si existía o no tal competencia, y que, en caso de no existir, llevaría a esta última entidad a tener que iniciar un proceso de regulación de las tarifas del puerto de Chancay.
El directorio del Banco Central de Reserva (BCR) acordó mantener, por cuarto mes consecutivo, acordó mantener la tasa de referencia en 4.75%. Indicó que futuros ajustes estarán condicionados a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes. Explicó que la decisión de mantener la tasa de referencia tomó en cuenta que en marzo la tasa mensual de inflación total fue 0.81% y la de inflación sin alimentos y energía fue 0.64%. “La tasa de inflación a 12 meses disminuyó de 1.5% en febrero a 1.3% en marzo, de acuerdo con lo esperado”, subrayó el ente emisor. Indicó que este resultado en la inflación mensual se explica principalmente por el incremento en el precio de algunos rubros de alimentos, así como por el aumento estacional en los costos de educación.
El Peruano, Economía, 11
Formato simplificado para acelerar inversiones
Con el propósito de continuar con la desregulación de la economía para generar mayor crecimiento económico, el Gobierno analiza la aplicación de un formato simplificado para asociaciones público-privadas (APP) que permitirá reducir significativamente los plazos en la formulación de proyectos bajo este mecanismo. El director general de Política de Promoción de la Inversión Privada (DGPPIP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Emerson Castro, señaló que la implementación del formato simplificado es parte de los avances significativos que contempla la reforma del esquema APP para ejecutar proyectos.
Impulsan gestión eficiente
En un paso decisivo hacia una gestión pública más eficiente y descentralizada, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI) del Perú. Este acuerdo tiene como propósito principal fortalecer las capacidades técnicas y operativas del OEDI, optimizando su labor de asistencia técnica a gobiernos regionales y locales en la elaboración de estudios de preinversión y expedientes técnicos.
Plan de masificación de gas en 7 regiones
Junto con los proyectos en gas natural que impulsa el gobierno para la región Cusco se cuenta con una iniciativa para llevar este recurso energético a varias regiones del centro y sur del Perú, en articulación con el sector privado, anunció el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero. “Tenemos conversaciones con la empresa Cálidda para su intervención en siete regiones del país para dotarlas de gas natural con tarifa nivelada”, detalló el funcionario. Adelantó que el Minem impulsa la llegada de inversiones en exploración de gas natural, y que actualmente hay diálogo con inversionistas del Golfo Pérsico para evaluar posibilidades y desarrollar nuevos proyectos.
Alistan siete obras en el sector salud
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) prevé adjudicar siete proyectos de infraestructura y servicios del sector salud por 1,577 millones de dólares en beneficio de la población de las regiones de Lima, Cajamarca y Piura, como parte de la cartera que se promueve para el período 2025-2026. Detalló que para este año se tiene en cartera la adjudicación de dos proyectos. El primero es el de operación y mantenimiento del hospital de Villa El Salvador, que demandará una inversión de 284 millones de dólares y se planea adjudicar el segundo trimestre del presente año.
Ejecutivo alista normas frente a inseguridad
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció que el Ejecutivo prepara un paquete normativo que contribuirá en la lucha contra el crimen organizado transnacional y la delincuencia urbana. Adrianzén informó que el Gobierno nacional ha recogido las demandas expresadas por los transportistas y por otros sectores afectados por los hechos delictivo. Explicó que se está terminando de analizar las normas que van a tener “un impacto significativo” en la lucha contra el crimen. Aseguró que las acciones que se preparan buscan dar una respuesta firme frente al incremento de la inseguridad. “Por su naturaleza, estas normas las tenemos en reserva aún”, expresó.
Operativos policiales más rigurosos contra el crimen
El gobierno pondrá mayor rigurosidad en los operativos policiales y no habrá zona en la capital que no sea vigilada por la Policía Nacional. Así lo aseguró la presidenta Dina Boluarte Zegarra, quien añadió que no descansará hasta garantizar la seguridad de los peruanos. “Pondremos mayor rigurosidad en los operativos, no estoy desconfiando de la Policía, sino que vamos a afianzar más el trabajo, no habrá zona en la capital que no sea peinada por nuestra Policía y nuestras Fuerzas Armadas reforzarán el patrullaje en aquellos lugares donde nuestra población necesita mayor protección”, dijo al liderar una nueva sesión del Cuarto de Guerra. Asimismo, reiteró que “cada espacio y rincón de las zonas denominadas rojas serán registrados” y los criminales detenidos y puestos a disposición de las autoridades que imparten justicia.
Aprueban medidas para la lucha contra el delito
E l pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, el dictamen que propone establecer medidas para una lucha efectiva contra la criminalidad a fin de garantizar la seguridad ciudadana. La iniciativa legislativa fue aprobada con 91 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Además, fue exonerada de la segunda votación. El dictamen tiene por objeto garantizar la seguridad ciudadana, disponiendo medidas extraordinarias de fortalecimiento institucional y modernización operativa, optimizando los recursos públicos, agilizando procesos operativos y priorizando la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, con enfoque en resultados medibles y mediante la coordinación multisectorial.
Diálogo con transportistas
Luego de escuchar las propuestas de los gremios de transportistas de Lima Metropolitana y Callao, que acataron una paralización, el titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, convocó para el lunes 14 de abril a una mesa multisectorial entre el Ejecutivo, Poder Judicial, Fiscalía e Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). La finalidad de la cita es articular medidas urgentes en la lucha contra la criminalidad, delincuencia y ola de extorsiones. “Hemos tenido el honor de recibir a los dirigentes de los transportistas de Lima Metropolitana, a quienes les agradezco la voluntad de diálogo, de concertación y ellos pueden comprobar que el Congreso es de puertas abiertas”, manifestó el titular del Parlamento.
Unidad para luchar contra delincuencia
Un llamado a todos los poderes del Estado, así como a las entidades públicas y privadas, para que sumen esfuerzos y articulen una respuesta contundente ante el alarmante desborde de la criminalidad y la creciente inseguridad ciudadana, hizo la presidenta del Poder Judicial (PJ) Janet Tello Gilardi. En un mensaje a la nación, expresó su preocupación por la inseguridad ciudadana que afecta a todo el país y que no solo pone en riesgo la integridad de la población, sino que también socava los cimientos de la convivencia pacífica y democrática y democrática. “Como dije al asumir la presidencia del Poder Judicial, la actual coyuntura nos interpela con un enorme sentido de urgencia y nos exige unirnos para dejar de lado cualquier tipo de diferencia y trabajar de manera conjunta”, expresó.
Ni el Gobierno ni el Congreso escuchan a transportistas
Pararon todas ellas. Las llamadas empresas formales, las informales y las pequeñas que nunca son tomadas en cuenta por las autoridades del Gobierno. No salieron a trabajar, pero sí a protestar y denunciar que el Gobierno y el Congreso no están de su lado y que por eso son blanco de las mafias que los extorsionan y matan. Fueron más de 700 las empresas de transporte que dejaron de operar, lo que afectó a cientos de miles de personas que debían ir a trabajar o estudiar de manera presencial. “Acá estamos todos, tanto trabajadores de las unidades de transporte formal como informal, representamos al 98% de empresas que apagaron sus motores y nos sumamos a este paro, porque la extorsión y la muerte afecta a todos”, señaló Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas. Por la mañana, las calles eran recorridas solo por vehículos particulares o unidades de la Policía, mientras que los paraderos del Callao, Los Olivos, El Agustino, Puente Piedra, Comas, el Cercado de Lima, Ate, San Juan de Lurigancho y otros, mostraban largas colas de personas que esperaban algún transporte.
El Congreso declara en emergencia a la Policía Nacional por 180 días
En medio de un paro de transportistas en Lima y Callao, el Congreso aprobó ayer con 91 votos, en el segundo pleno temático de seguridad ciudadana, el dictamen que declara en emergencia a la Policía Nacional (PNP) por 180 días. La normativa encarga al Ejecutivo realizar las gestiones que correspondan para dotar a la PNP de equipamientos, servicios y otros recursos logísticos, así como el mejoramiento de su infraestructura que le permita luchar contra la criminalidad en todo el país. Asimismo, el dictamen autoriza la intervención inmediata del Mininter, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales para que, durante el estado de emergencia, desarrollen contrataciones de bienes y servicios para la ejecución de acciones urgentes e inmediatas a fin de reducir los niveles de inseguridad ciudadana y de criminalidad organizada.
Piden zar para combatir la extorsión
Ante la ineficacia del Gobierno frente a la criminalidad la ciudadanía reacciona. El colectivo Peruanos de Estado solicitó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, priorizar el debate para designar un zar de lucha contra la extorsión. Esta figura tendría como objetivo liderar la investigación y persecución de delitos de extorsión, sicariato y crimen organizado, con facultades especiales y autonomía funcional. Según plantea este colectivo, este zar sería elegido entre una terna presentada por una comisión especial integrada por representantes del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y los Colegios de Abogados del Perú. “Este clima de inseguridad exige una respuesta contundente del Estado”, señala la carta enviada a Salhuana y que lleva las firmas de Ricardo Márquez, Raúl Diez Canseco, Roque Benavides, Rosario Bazán y Carlos Añaños.
Perú21, Política, 5
El Perú y los bonos de carbono
El Perú tiene ante sí una de las oportunidades más estratégicas de las próximas décadas: convertirse en un actor central del mercado global de bonos de carbono. El anuncio reciente del ministro de Economía, José Salardi, sobre el impulso a las inversiones privadas en reforestación y conservación de bosques refleja un cambio importante en la visión económica del país: apostar por un desarrollo sostenible que genere ingresos, empleo y protección ambiental. Los bonos de carbono, en palabras simples, son certificados que representan la reducción o captura de una tonelada de dióxido de carbono (CO₂). Se negocian en mercados internacionales y permiten que empresas o países que generan emisiones compensen su impacto financiando proyectos que capturan o evitan esas irradiaciones, como la reforestación o la protección de bosques existentes.
Paralizados y pasmados
Ayer, por tercera vez en menos de seis meses, los transportistas paralizaron la capital para reclamar por la oleada de criminalidad que viene desangrando al sector. En la víspera, se había anunciado que unas 460 empresas –que operan unas 20.000 unidades– acatarían la medida de fuerza y, la verdad, bastaba con recorrer las principales avenidas de la capital desde muy temprano para advertir que, si no todas, cuando menos una gran mayoría de ellas terminó respondiendo a la convocatoria. De más está decir que con un paro de tal magnitud nadie sale ganando. No ganan, ciertamente, los transportistas; muchos de los que viven del dinero que generan a diario. Y tampoco gana la ciudadanía, pues la paralización conlleva no solo a que muchos negocios tengan que suspender o acortar su horario de trabajo, sino también obliga a los colegios y universidades a forzar las clases remotas con el impacto que ello supone para el aprendizaje de los alumnos.
Conmigo no es
La presentación del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en el Congreso expresa claramente por qué el día de ayer los transportistas formales pararon al 100% sus actividades en Lima, la región con mayor número de extorsiones, asesinatos, asaltos, arrebatos y similares. Y es que el premier no llevó absolutamente nada nuevo, ninguna propuesta seria para contener la ola de inseguridad ciudadana que azota la capital y otras regiones del Perú. Por el contrario, como si viviera en un país diferente al que sufrimos los peruanos, dijo que lo que ha venido haciendo el Gobierno al respecto está bien.
¿Y la reforma electoral?
Hoy es el último día en que pueden publicarse normas electorales, si se quiere que estas puedan regir en las próximas elecciones generales (a menos de que el Congreso modifique el actual impedimento para hacerlo, lo que podría generar otros problemas con el calendario electoral). Lamentablemente, al igual que sus antecesores, este grupo de congresistas no fue capaz de aprobar una reforma integral de nuestras normas electorales en los cuatro años que tuvieron desde que fueron elegidos. En cambio, sí aprobaron varios cambios puntuales. Pero quizá el aspecto más alarmante es que, salvo en lo que respeta a la bicameralidad –que sí fue una reforma positiva, aunque se hubiese visto reforzada por otras más que la complementen–, en lo poco que este Congreso sí pudo avanzar, ha aprobado varios cambios que directamente implican retrocesos.
Peruanos dan ultimátum a Dina Boluarte
La situación en Perú ha alcanzado un punto crítico, y la reciente protesta masiva convocada por los transportistas, a la que se sumaron hasta barristas de fútbol, es un claro reflejo del descontento generalizado hacia un gobierno que ha demostrado una clara incapacidad para enfrentar la criminalidad que asola al país. Con un promedio de cuatro víctimas mortales diarias, bajo la modalidad de homicidio extorsivo, la realidad que sufren los peruanos es desgarradora. Es indignante que la presidenta Dina Boluarte y su gabinete, en lugar de abordar esta crisis con seriedad y compromiso, opten por medidas que parecen diseñadas exclusivamente para reprimir a ciudadanos que, desesperados, alzan la voz en defensa de su derecho a vivir en paz.
La República, Editorial, 8
No basta con buenos diagnósticos
El país se desliza peligrosamente hacia una crisis social de grandes proporciones, alimentada por un crecimiento imparable de la criminalidad que ya adopta formas propias del terrorismo. En este contexto alarmante, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, ha hecho un llamado urgente a los poderes del Estado, así como a entidades públicas y privadas, para articular una respuesta contundente y efectiva frente a la inseguridad ciudadana. El reclamo es pertinente, pero no basta con buenos diagnósticos ni con exhortaciones. Es cierto que se necesita una política coherente, integral y firme para combatir esta lacra. Pero, aún más importante, se requiere una voluntad real de entendimiento entre las instituciones que lideran el destino del país. Cuando el problema es personal, se puede resolver en solitario. Pero cuando es nacional —como lo es esta ola criminal—, solo el trabajo conjunto puede abrir caminos de solución.
