El ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, anunció el envío de 150 nuevos agentes al Callao para reforzar la seguridad tras el egreso de estudiantes de las escuelas de la PNP. También se coordina la construcción de una nueva comisaría, la compra de armamento y la creación de un observatorio de seguridad ciudadana.
La presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, reiteró hoy su pedido para que el Poder Judicial actúe contra la delincuencia en la misma línea que la Policía Nacional, para derrotar a los terroristas urbanos.“Sin embargo, faltan dar pasos certeros de coordinación entre instituciones. Por ejemplo, hace unos días en Huancayo unos delincuentes asaltaron un local de la SUNASS, dispararon contra el señor de seguridad, dejándolo malherido. La Policía capturó en tiempo récord a estos criminales y un juez los dejó libres. Estos delincuentes siguen robando, matando y extorsionando”, dijo la presidenta. A su turno, el ministro del Interior, Julio Díaz, Zulueta expuso sobre el asalto que sufrió la sede de Sunass en Huancayo. Manifestó que a pesar de las pruebas soltaron a los delincuentes. Exhortó a los órganos del sistema de Justicia a actuar con responsabilidad e informó que la procuraduría pública del ministerio evalúa tomar las acciones legales correspondiente en resguardo de la labor de la policía nacional.
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Julio Díaz Zulueta es el nuevo encargado de hacerle frente a la delincuencia, pero, al mismo tiempo, es investigado por la Fiscalía. ‘ContraCorriente‘ llegó hasta el domicilio del flamante titular del Ministerio del Interior (Mininter) para que declare sobre sus cuestionamientos. “(¿Usted va a perseguir el delito? Todo. (Usted es perseguido por la Fiscalía) No estoy perseguido por la Fiscalía“, dijo Díaz Zulueta a las cámaras del programa de Willax, mientras su seguridad impedía la labor de la prensa. El ministro evitó responder por las deudas alimentarias y otras interrogantes más sobre sus investigaciones. El general Díaz Zulueta fue separado como jefe de la Segunda Macro Región Policial de Lambayeque tras ser implicado en un presunto esquema de corrupción. Se le acusó de liderar la compra de mascarillas, alcohol en gel y otros productos deficientes que ponían en riesgo la salud de los policías durante la pandemia. Pero, ese no es el primer escándalo del nuevo ministro. El Segundo Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja resolvió: Llevar adelante la ejecución forzada. Para que flamante ministro cumpla con pagar una pensión de alimentos equivalente al 20% de su sueldo.
También se confirmó que estuvo inscrito en el Partido Morado y en APP, y hasta una asesoría con el cuestionado gobernador del Callao, Ciro Castillo.